Mujer afectada por la detención de seis de sus familiares. Foto: Luis Galdámez

La implementación del Régimen de Excepción en El Salvador invisibilizó a las mujeres, al igual que las violaciones a sus derechos fundamentales dentro y fuera de los centros de reclusión. El temor hizo que la mayoría guardara silencio, aunque algunas decidieron contar sus difíciles historias.

Uno de esos relatos es el caso de la familia Sandoval, que retrata los dos escenarios para las mujeres alcanzadas por el Régimen. Aquellas encarceladas, e invisibilizadas sus condiciones penitenciarias, y las que están fuera con toda la responsabilidad del hogar y de sus seis familiares detenidos.

El Régimen de Excepción está vigente en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022, y lo renuevan mes a mes, luego del asesinato de 87 personas, en su mayoría civiles, entre el 25 y 27 de marzo. Según cifras oficiales de la Policía Nacional Civil, la cantidad más elevada registrada por día desde los Acuerdos de Paz en 1992.

La Mara Salvatrucha-13 admitió los asesinatos y reveló al periódico El Faro su autoría tras la ruptura del pacto que mantenían con el gobierno del presidente Nayib Bukele.

Desde que asumió su mandato, Bukele implementó, a partir de junio de 2019, el Plan Control Territorial para combatir a las pandillas en el país. El 23 de noviembre de 2022, el mandatario anunció la quinta fase del Plan denominada: Extracción, donde participarán mayor número de soldados, además de hacer uso de cercos militares en zonas catalogadas como peligrosas.

El Régimen de Excepción suspendió a toda la población las garantías constitucionales de: libertad de reunión e inviolabilidad de la correspondencia, el derecho de la persona detenida a ser informada sobre sus derechos y las razones de su captura, y el periodo de tiempo de la detención administrativa.

Hasta el 5 de enero de 2023, detuvieron a 61,300 personas, según la última actualización publicada por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Por decreto del gobierno habrá que esperar hasta el 2029 para conocer cuántas de esas personas detenidas son mujeres y por qué razones guardan prisión.

Mujeres en busca de información de familiares detenidos y en espera de entrega de paquetes alimenticios a encarcelados bajo el Régimen en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Foto: Jacqueline Ponce

Para esta investigación se realizaron tres solicitudes de información pública: una a la Policía Nacional Civil (PNC), una a la Dirección General de Centros Penales (DGCP), y otra a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). No se entregaron los datos estadísticos solicitados. 

Elsa Sandoval: el rostro de las mujeres invisibilizadas del Régimen de Excepción

Al menos 12 menores de la familia Sandoval esperan que sus madres y padres sean liberados. Foto: Luis Galdámez 

Son apenas las 5:30 de la mañana y se escucha a un niño de nueve años que grita con angustia. Regresa por un camino de tierra hasta su casa que es una galera, con paredes formadas por tablones de madera, y techos de láminas con agujeros.

− ¡Al abuelo lo agarraron!

− ¿Y qué pasó?, le responde su madre desde la entrada.

Lo que el niño intenta decir es que detuvieron a su abuelo, tíos y primo. Minutos después, el menor también es testigo de la detención de su madre, Elsa Sandoval, una defensora de derechos humanos y de la niñez. Un mes más tarde también se llevaron a una tía. 

En total seis personas de la misma familia. Colonos de una finca ubicada en el Cantón El Jícaro, municipio de Tacuba, en Ahuachapán, quienes salieron muy temprano a trabajar en labores agrícolas, cerca de donde la familia vive desde hace 45 años.

La puerta de la entrada a la humilde vivienda tiene escritos mensajes bíblicos como: “Dios es amor”, y “Jehová es mi pastor”. El padre de familia practica la fe cristiana y era un miembro activo en la iglesia. Foto: Luis Galdámez 

Una familiar de Elsa, a quien llamaremos Valentina, pasó a ser la voz de sus familiares incomunicados tras los arrestos.

Ella narra cómo sucedió la captura de la familia Sandoval el 23 de mayo de 2022. Efectuada, según les indicaron los policías, por una denuncia anónima: al igual que en otros casos de detenciones arbitrarias.

El gobierno, a través de una campaña publicitaria, invitó a la población a realizar denuncias anónimas al número 123, y ofreció un esquema de recompensa por ello. Esto además de las acusaciones hechas en redes sociales como Twitter y Facebook.


Audio | La captura de Elsa

Elsa lleva más de seis meses detenida. Su hijo presentó, con el acompañamiento de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, un recurso de Habeas Corpus a la Sala de lo Constitucional de la CSJ, a favor de su madre. El director de Tutela, Ovidio Mauricio, detalló que no lo admitieron, al igual que 25 Hábeas Corpus de otras mujeres.


Audio | El Habeas Corpus del hijo de Elsa

Con anterioridad, Tutela Legal presentó más de 250 recursos de Habeas Corpus, y ninguno fue admitido.

Por lo que el 23 de septiembre, junto a la Asociación Azul Originario (AZO) y Fundación Hermano Mercedes Ruíz, (FUNDAHMER) llevaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado salvadoreño por violaciones a derechos de 152 personas detenidas durante el Régimen de Excepción, entre ellas, el caso de Elsa Sandoval.

En esos 152 casos se violentaron derechos fundamentales contenidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad, a la libertad, a la protección judicial y a las garantías judiciales que también están contenidas en la Constitución salvadoreña, según Alejandro Díaz, del Área Jurídica de Tutela Legal.

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Ocho días antes de la detención, Elsa una madre soltera de 29 años, cayó de un carro. Tuvo golpes en la cabeza y uno de sus brazos, además de padecer migrañas. La situación de esta mujer podría agravarse, según Valentina, por la zozobra de pensar desde la cárcel en su mamá que quedó sin su esposo, hijas, hijos, nieto y yerno. Y en su vástago menor de edad que depende de ella.

Las niñas y niños de la familia Sandoval sufrieron daños psicológicos, problemas de desnutrición y anemia. Su año escolar estuvo en riesgo. Foto: Luis Galdámez 

Aunque a su hijo lo cuidan las mujeres que quedaron libres en el hogar, el daño sufrido es evidente, como explica Valentina:

− El niño está bien traumado, al ver a los policías se encierra, tiene pesadillas por las noches. Todos los días por la tarde se pone a llorar y dice que extraña a su mamá. Nosotros no podemos hacer más nada, porque somos de escasos recursos.

Con su voz afligida, Valentina dijo que a duras penas pueden comprar los paquetes de: alimentación, higiene, ropa, y suplemento médico, solicitados en los centros penales a los familiares de las personas detenidas.

− ¿Cómo le digo al niño de nueve años ayúdame para comprar el paquete a tu mamá?

− ¿Mis familiares cómo me ayudan?, si ellos no pueden ahorita ni darles el sustento a los niños.

A Elsa la capacitaron en derechos de la mujer, niñez, computación, entre otros. Laboraba en la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental (FUNDESYRAM), socia local en Tacuba de la ONG Ayuda en Acción.

“Si son nuestra gente, porque nos olvidamos de ella, porque quieren desaparecerla, se han invisibilizado las consecuencias del Régimen”, manifestó la fuente judicial consultada. Foto: Luis Galdámez 

El día de su arresto, Elsa trabajaría en la entrega de paquetes de materiales lúdicos para la niñez. Fundesyram y Ayuda en Acción desarrollan actividades con menores a través de programas de apadrinamiento en municipios como el cantón El Jícaro, Retiro Abajo y San Juan El Coco en Tacuba, Ahuachapán.

Además, Elsa realizaba siembra de hortalizas, que luego vendía para ayudar a los niños de escasos recursos económicos de la zona. 

Uno de los daños causados por el Régimen de Excepción, es la desintegración familiar. Hasta el 5 de enero de 2023, detuvieron a 61,300 personas. Foto: Luis Galdámez 

Su jefa inmediata, al darse cuenta de su detención, elaboró una carta que presentó personalmente a la delegación, siendo rechazada e insultada por agentes policiales.

Similar trato recibieron cientos de familiares de personas detenidas, que presentaron en vano documentación que demuestra solvencia y arraigo de sus parientes.


Audio | Policías niegan derecho

Valentina contó que, al inicio, a Elsa la trasladaron a las bartolinas en Ahuachapán. Después la llevaron al penal de mujeres en Ilopango, y desde finales de septiembre guarda prisión en Apanteos, en Santa Ana. No todas las familias de las detenidas saben dónde se encuentran.

Ante esta situación, Valentina solo pide que le regresen a sus familiares. Asegura que no tienen ningún vínculo con estructuras criminales, ni estuvieron en prisión antes. 

El más vulnerable es el papá de Elsa, con 66 años y con urgencia de un marcapasos, una semana antes de la detención tuvieron que administrarle suero.


Audio | La familia de Elsa pide Libertad

Una familiar muestra las cosas que el padre de Elsa, de 66 años, llevaba en su mochila al momento de la detención. No dejaba sus medicinas, ni los ungüentos para sus dolores musculares. Foto: Luis Galdámez 

Afectaciones a las mujeres durante el Régimen de Excepción

El Cuarto Informe Situacional sobre derechos humanos, presentado por la organización Cristosal, contiene testimonios de mujeres detenidas que detallan algunas condiciones carcelarias.

Las principales afectaciones para las mujeres detenidas son el hacinamiento, limitación para obtener agua para beber, y para hacer sus necesidades fisiológicas, falta de atención médica, de medicamentos, de toallas sanitarias, entre otras.

Los testimonios de las mujeres señalan tratos degradantes y condiciones inhumanas en los centros penitenciarios, como detalló Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal. 


Audio | Las condiciones de las mujeres detenidas

Cristosal también registró la posible muerte de al menos una mujer detenida. Según declaraciones obtenidas para la realización del informe “una de las entrevistadas dijo haber escuchado que en ese lugar falleció una interna que provenía del sector de la galera, (ubicada en el centro penal de Ilopango), a quien castigaron por participar en una riña”.

Otra mujer entrevistada por Cristosal, afirmó que al momento de su ingreso había 23 detenidas en su celda. Para el mes de junio contó 350.

Las mujeres encarceladas, y las familiares de personas detenidas, son víctimas de particulares violaciones a sus derechos por su condición de mujeres, como explicó Zaira Navas, de Cristosal en la presentación del Informe.


Audio | El impacto en mujeres encarceladas y mujeres familiares de personas detenidas

Para Silvia Juárez, abogada de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), las detenciones superaron la capacidad del sistema penitenciario y crearon condiciones de hacinamiento, y de prácticas que pueden convertirse en graves violaciones a derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, el acceso a la salud para las privadas de libertad.

Con la implementación del Régimen de Excepción, algunas mujeres lactantes fueron separadas de sus bebés. Foto: Luis Galdámez 

“Nos llama la atención, y como un tema de derechos humanos, el que no se considere desde la judicatura las reglas de Bangkok, que son las normas específicas internacionales de atención a las mujeres privadas de libertad, y dice que aquellas mujeres con carga reproductiva, debe valorarse medidas alternativas a la detención, y esto no está ni siquiera pensado”, señaló Juárez. 

Por su lado, una fuente del Órgano Judicial que pidió anonimato dijo que el Estado también debe implementar las medidas contenidas en el artículo 9, de la Convención para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belem Do Pará, que establece:

“(…) Se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

Con el Régimen de Excepción, fueron detenidas adolescentes y llevadas a resguardos para menores de edad y a centros de integración social.

“Yo sobre esa base he sacado un montón de chicas. Yo una chica embarazada no la dejo, una tuve, pero yo la mandé a trabajo social para que la llevaran al hospital”, contó la representante de justicia.

El cuido de los menores recae solo en las madres que tienen a sus parejas detenidas. Foto: Luis Galdámez

Para la fuente judicial, es importante incluir la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Aun así, lamentó que exista un retroceso en esta materia, y poco interés de parte de la Corte.

Además, la impartidora de justicia consideró que los jueces deben interesarse sobre cuál es la situación de las mujeres detenidas, pero duda que tengan la suficiente independencia para hacerlo, y para no mandarlas a prisión “yo creería que las pueden investigar, que las investiguen y ellas puedan seguir en su medio natural”.

Las mujeres de El Salvador son las principales responsables proveer al hogar, del cuido y de los trámites de sus familiares detenidos. Foto: Luis Galdámez

La jurista señaló que ante el panorama oscuro que existe, es difícil saber si las mujeres detenidas están mezcladas con los hombres en los penales, o si les han destinado áreas específicas.

“La Ley establece que debe haber separación por condición, por sexo, sentenciadas o detención preventiva. Aquí es Osiris Luna (director de Centros Penales) el que tiene la respuesta de todo esto”.

Precisamente, para la abogada de Ormusa las autoridades pasaron por alto que, las condiciones de las mujeres privadas de libertad deben de ser distintas a la de los hombres. No porque tengan que ser pésimas en unas y buenas en otras, sino porque son condiciones de anatomía, y de acceso a salud sexual y reproductiva que deben tener las mujeres “que seguramente un cambio abrupto como este, no las va a considerar”.

Según los datos de Cristosal, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Servicio Social Pasionista (SSPAS), Asociación Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica (AMATE), Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos recibieron 4,071 denuncias de detenciones y abusos entre marzo a septiembre del 2022. 

Las mujeres encabezan la mayor cantidad de denuncias con un 81.9%, frente a un 13.8% de hombres.

Mientras que Socorro Jurídico Humanitario registró hasta inicios de noviembre 1,350 casos. Según señaló su coordinador general, Stanley Quinteros, el 80% corresponde a mujeres denunciantes.

“La mayoría son mujeres las afectadas, mujeres que les tocó asumir el compromiso de cabeza de hogar porque sus parejas están detenidas, sus hermanos, sus tíos y padres. Y si usted se fija, en este momento que está en el Socorro solo ve casi mujeres”, dijo Quinteros.

En el caso de la familia Sandoval, solo las mujeres que están libres asumieron el cuido de la familia que está dentro y fuera de los penales. Foto: Luis Galdámez

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Valentina también narra las afectaciones económicas, en la salud física y mental, y la desintegración que enfrentan tras la captura de Elsa y su familia. Desconocen el estado actual de sus parientes, por la falta de información a la que se enfrentan todas las familias de personas detenidas. 

A nivel económico, la familia Sandoval obtiene la mayoría de sus ingresos de las labores agrícolas, que están paralizadas por las capturas.

A falta de alimentos y dinero, algunos menores sufrieron de desnutrición severa, como es el caso de un bebé de ocho meses a quien incluso tuvieron que hospitalizar. Hasta el cierre de la nota él no superaba esta problemática.

Otros menores desarrollaron anemia y problemas psicológicos al igual que las mujeres adultas, que quedaron a cargo del hogar. “Psicológicamente uno puede intentar estar bien, pero es mentira, es mentira”, lamentó otra pariente de Elsa a quien llamaremos Sofía.

“Quedé dañada psicológicamente porque para mí no fue fácil. Me enfrenté allá en la delegación. Y ver que los sacaron como si eran unos grandes delincuentes, como si los habían agarrado en cosas, y ahora analizamos, que ni las mochilas les revisaron”, contó Sofía.  

Son muchos los menores afectados por las detenciones de sus madres y padres durante el Régimen de Excepción, vigente desde el 27 de marzo. Foto: Luis Galdámez 

Por su lado, Valentina explicó que los hijos del sobrino de Elsa, que está detenido, tuvieron problemas escolares. Aunque iban a la escuela, permanecían casi solo sentados, sin hablar mayor cosa, como traumatizados. El hijo mayor, de nueve, dijo en una ocasión:

−Yo no sé porque mi mami dice que tenemos que ser buenas personas, si mire mí papá venía de trabajar de donde mí abuelo, y venía a sembrar chilipucas, pepinos a ver la milpa, a ver el frijol y mire los policías, allá se lo han llevado y me lo tienen encerrado, y de qué sirve ser bueno uno, me dijo.

−Le dije, no papito, pero Dios está viendo que su papá era buena persona, y a su papá diosito lo va a llevar de regreso, ya a ver.

Valentina también cuenta que otro hijo del sobrino de Elsa, cuando ve a un hombre robusto (parecido al sobrino) sale hasta la calle y le dice, «Papá, papá». Cuando ve que no es él se regresa a la casa llorando.

Ante esa situación, Valentina se encierra en su cuarto y llora. 

“Le digo: ¿Señor cómo le voy a hacer con toda mi familia, porque es un gasto muy grande? Tenemos que ir a dejar dos paquetes a Izalco, dos a Mariona, y dos a Apanteos, el paquete completo que ha puesto este hombre sin corazón, ahí en Mariona lo tienen valorado en $300 dólares, y nosotros de dónde vamos a sacar para comprar un paquete de esos. Y el viaje a Izalco nos cuesta $50 dólares y a Mariona $100 dólares”.


Audio | “Nos vino a dañar a la gente más pobre”

Además de las dificultades señaladas, la familia de Elsa enfrentó hostigamientos y acusaciones de policías.

“Los policías les dicen: mire voy a ir a comprar huevos a la tienda y me echa tortillas, porque, así como ustedes le dan comida a los mareros, tienen que hacernos a nosotros también”, relató Valentina.

Para el abogado de Tutela Legal, Pedro Martínez, un problema del Régimen de Excepción es que considera culpable a las personas, sin antes probarlo.  El director de Tutela Legal, Ovidio Mauricio agregó que, los responsables de implementar el Régimen de Excepción pueden en un futuro ser denunciados ante la Corte Penal Internacional por violaciones a derechos humanos.


Audio | Los procesos contra los ejecutores del régimen

Entre las violaciones a derechos humanos de las mujeres, podría estar el de amenaza, debido al temor que existe de ellas y sus familias a hablar, como nos dijo la fuente judicial que pidió anonimato “hay muchos casos que las están amenazando, y yo no descarto las posibilidades de tortura”.

Según valoraciones de la misma fuente legal “no habido una historia tan oscura y espantosa del órgano judicial como está, porque los jueces de vigilancia, y de ejecución de la pena debieron hacer algo para los que están privados de libertad. Pero, han hecho lo que han querido en el Régimen”.

Agregó que, aunque hayan sentencias, puede haber cosas juzgadas fraudulentas, es decir que, van a haber muchas sentencias resultados de juicios fraudulentos, recalcó.

Por ello, consideró que las personas detenidas, entre ellas las mujeres, son víctimas de la exclusión y de la violencia estructural e institucional. 

Esta última aplicada desde el momento de la detención hasta los procesos judiciales, su trato en los centros penales, y la falta de contacto con su familia “todo es una cosa totalmente inhumana”.

Pero la jurista, consideró que también hay que reconocer que existen mujeres con hijos vinculados con pandillas, y por ser sus madres, son detenidas, aunque esa no sea razón para apresarlas. 

Ante eso explicó que, hay una figura legal que existía antes en el sistema, que eran las presunciones de culpabilidad, que sería lo que cobró vida en este tiempo “solo porque el vecino o vecina le cae mal, o porque alguien dijo que parece sospechosa hay va para adentro”. Por eso, destacó que estamos en presencia del derecho penal de autor, no del derecho penal de acto “uno debe de reprochar los hechos, no la condición de las personas, pero ahora se está penalizando la condición de la persona”.

A su juicio, el Régimen de Excepción “es el ejemplo más claro que se está criminalizando la pobreza y se ha dividido la población entre buenos y malos. Claro que hay que llevar a la justicia a los pandilleros, pero es un error que todos los gobernantes han agarrado la sartén por donde no es”. 

Las personas que habitan en comunidades pobres o populosas fueron las más afectadas con las detenciones durante el Régimen de Excepción. Foto: Luis Galdámez 

La importancia de la función social de las organizaciones 

Ante esta problemática, nació como una ayuda a las víctimas el Socorro Jurídico Humanitario, activo desde finales de julio pasado para brindar acompañamiento jurídico gratuito a familiares de personas detenidas arbitrariamente durante el Régimen de Excepción, entre ellas, la familia Sandoval a quienes asisten con su defensa técnica y jurídica, a través del bufete Anaya-Arias.

Y por necesidad urgente de la familia, el pasado 22 de octubre, Socorro Jurídico llevó, tras una campaña solidaria, víveres y una brigada médica compuesta por dos psicólogas y un médico, además de continuar con el seguimiento a las necesidades básicas del hogar.

Cabe recordar que son seis personas adultas detenidas:

-         Elsa Sandoval de 29 años. Con problemas previos de salud. Tras la captura dejó a su hijo de nueve años.

-      Gloria Sandoval García de 45 años, hermana mayor de Elsa. Dejó dos hijas, (su pareja también fue detenida).

-      José Alfonso García de 66 años, papá de Elsa y con problemas de salud en su corazón. Tras la captura dejó a sus hijas y esposa con problemas de pulmonía e Hipertensión.

-        Hugo Ernesto García de 44 años, hermano mayor de Elsa. Dejó siete hijas e hijos y su pareja.

-          Hugo Edgardo García de 26 años, sobrino de Elsa.  Dejó cuatro niños y su pareja.

-      Manuel Ramírez de 24 años, cuñado de Elsa. Dejó a su bebé recién nacido y su pareja con 29 días de cesárea, previo a un parto de riesgo.

“Hoy que se han cumplido los seis meses, y no tenemos respuestas de ellos, ha sido difícil”, lamenta Sofía desde la humilde casa donde espera que regresen sus familiares. 

Con ayuda de los abogados, solicitaron una audiencia especial para el papá de Elsa, por sus problemas del corazón, pero fue negada porque en el peritaje de la Fiscalía resultó que no tenía problemas de salud y que estaba bien.

“Puede ser que sí y puede ser que no se lo hayan hecho. Nosotras conocemos que estaba enfermo, pero ahorita que el gobierno tiene manipulado todo, nada les cuesta decir que está bien, por no hacérsela”, consideró con tristeza Sofía.

Búsqueda y reparación de daños junto a espacios de denuncia

Organizaciones como Tutela Legal, Socorro Jurídico Humanitario, y Cristosal, además de algunas expertas en materia legal, señalaron un posible camino para lograr la reparación de daños de las mujeres víctimas. Algunas de ellas, ya iniciaron con ese proceso.

“Consideramos que es necesario activar el esquema de reparación y daño que se les ha causado a la familia Sandoval y a todas las familias víctimas del Régimen de Excepción, por su puesto las que son inocentes”, indicó el coordinador del Socorro. 

Pero, según Silvia Juárez de Ormusa, El Salvador no tiene desarrollo legislativo de la reparación integral, sobre todo con vocación transformadora “sabemos que el efecto de una estrategia como esta, también es instalar el miedo y el silencio de las mujeres, con lo cual, es poco probable que las mujeres pretendan acceder a esto, pero no es imposible”.

Para Juárez, hay caminos y normativas sobre daño moral, cuando es el Estado quien ha perpetrado graves violaciones, y afectaciones al proyecto de vida como producto de la violación a los derechos humanos. 

En cuanto a los daños, la fuente judicial que solicitó el anonimato recalcó que estos son irreparables materialmente, y en todo sentido.

Por ello, espera que la CIDH pueda simplificar los procesos, y que se trabaje mucho por sostener que las violaciones de derechos humanos son delitos de lesa humanidad, y así poder presentarlos también a la Corte Penal Internacional “hay que trabajar técnicamente esto bien, para sostenerlo y comenzar a hacer denuncias”. 

Agregó que faltan muchas estrategias por implementar, y consideró que deberían crear formularios para que los familiares de las personas detenidas los llenen, firmen y presenten con la información necesaria a quienes brinden acompañamiento legal a los casos.  

En otro márgen, la abogada del área de Justicia Transicional de Cristosal, Irene Gómez explicó que casos como el de Elsa, y de otras mujeres, pueden llegar a organismos internacionales, pero primero tienen que agotar instancias en el país, es decir, documentar su caso, interponer denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), solicitar Habeas Corpus, y buscar acompañamiento jurídico, para presentar una denuncia ante la CIDH. 

El 11 de noviembre de 2022, la CIDH instó a El Salvador a cumplir sus obligaciones sobre derechos humanos “La CIDH ha expresado su preocupación sobre las prórrogas de la suspensión de derechos contenidas bajo el Régimen de Excepción y las consecuentes restricciones a los derechos humanos”. 

La CIDH también señaló que, el Estado de El Salvador debe asegurar que los regímenes de excepción cumplan los requisitos del artículo 27 de la Convención Americana, que establece cuando son realmente necesarios. Y siempre que no sea incompatible con las obligaciones que les impone el derecho internacional, y no conlleven discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 

Pero, no hay una respuesta del Estado salvadoreño a las denuncias sobre violaciones a derechos humanos de las personas detenidas y sus familias.

Al cierre de este reportaje, El Salvador lleva 10 meses bajo un Régimen de Excepción y los días siguen transcurriendo igual de cara al 2023, sin respuestas para las personas detenidas y sus familias, y sin procesos judiciales adecuados.

En Tacuba, en la humilde casa donde habita la familia Sandoval, las pocas mujeres que están libres, y al menos 12 menores esperan el regreso de sus madres, hermanas y tías, padres, esposos y hermanos.