“¡Mujeres hondureñas, no les voy a fallar! ¡Voy a defender sus derechos, todos sus derechos! ¡Cuenten conmigo!”, recitó Xiomara Castro con la banda celeste y blanca recién colgada sobre su hombro derecho.

Fue el 27 de enero de 2022. Ese día asoleado, miles de habitantes, activistas, funcionarias y funcionarios, e incluso la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, asistieron a la toma de posesión de la nueva presidenta.

Las expectativas no solo eran altas por tratarse de la primera mujer en alcanzar la presidencia hondureña sino porque su triunfo y el del Partido Libre, representaba un cambio en la política nacional. 

Por 12 años Honduras estuvo gobernada por el Partido Nacional, cuyos líderes políticos tenían acusaciones graves de estar relacionados con el narcotráfico. La victoria de Xiomara Castro significaba un cambio de rumbo.

Ante aplausos y gritos de celebración en el estadio nacional, Castro repitió sus promesas de campaña. Especialmente levantaba la esperanza entre las mujeres hondureñas y las organizaciones que luchan por sus derechos: el compromiso de reducir los femicidios.

“No más silencio antes los feminicidios”, aseguró la presidenta.

Han pasado 12 meses desde aquella frase y la violencia contra las mujeres no parece dar tregua. Para muestra, el trágico 13 de noviembre de 2022. En lo que pareciera un domingo cualquiera, tres mujeres fueron víctimas de femicidio. Génesis Cerrato, Cintia Carolina Castro y Yamileth Barrios.

Con la masacre de las tres jóvenes las muertes violentas de mujeres llegaron a 270 víctimas, solo en los primeros 10 meses del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Y al finalizar el 2022 Según cifras oficiales, 300 mujeres murieron de forma violenta durante el 2022 en Honduras. Mientras que entre 2002 y 2022 fallecieron 7,400 mujeres, lo que significa una víctima cada 24 horas, según cifras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh)

Dos décadas de femicidios en la impunidad

El delito de femicidio se incorporó a la legislación hondureña hasta el año 2017. Pero las muertes violentas de mujeres, la máxima expresión de la violencia de género, no es un fenómeno nuevo en el país.

Según el Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) de 2005 a 2019 se registraron 6131 a nivel nacional. En la última década las muertes violentas de mujeres se han incrementado.

Las cifras ya son graves y podrían ser solo la punta del iceberg. Julissa Villanueva, especialista en medicina forense y ahora Viceministra de Seguridad, señala que existe un subregistro en las muertes violentas de mujeres de un 20%. 

Y recalca otro problema grande: 97% de las mujeres asesinadas nunca reciben justicia. Solamente en el 3% de los casos, la investigación conduce a la condena del femicida.

Antes de asumir su cargo actual, Villanueva fungió como directora de Medicina Forense y conoció múltiples casos de femicidios. El de Ángela Rosa Martínez Ávila, asesinada por Tony Mauricio Martínez en 2016, es uno de los pocos que llegó a sentencia y demuestra por qué lograr justicia en Honduras es tan difícil.

Ángela tenía 23 años y trabajaba como empleada doméstica en Tegucigalpa. Fue vista por última vez el 6 de agosto del 2016. El agresor, Tony Martínez, la violó antes de asesinarla. Horas después se presentó a un servicio de emergencias asegurando que había sido secuestrado.

“Quien atienda en la emergencia debe informar a las autoridades, aunque el agresor mintió y dijo que lo habían secuestrado y que le habían cortado con una tenaza. Pregunté, ¿cómo venían los bordes de la lengua? y era evidente que había sido con los dientes. Se pidió trasladarlo a medicina forense para realizarle pruebas de ADN y ahí pasó de ser víctima a victimario”, explica la médica forense Julissa Villanueva. 

Cuatro días después de su desaparición, los investigadores encontraron el cuerpo sin vida de Ángela y en su boca, un pedazo de lengua. Esa evidencia mostró cómo luchó por su vida contra el femicida y resultó crucial para resolver el caso.

Tony Mauricio Martínez fue capturado inmediatamente y luego sería condenado a 22 años y 6 meses de cárcel. Un logro que se alcanzó debido a una circunstancia inusual de la que no debería depender la investigación de los femicidios. 

A pesar de que existe una Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, esta no cuenta con la logística, ni el personal técnico necesario para atender la demanda de denuncias por la violencia contra la mujer y los femicidios que se presentan a diario.

La falta de recursos es grave. Este año la Secretaría de Seguridad creó una célula para investigar femicidios en Tegucigalpa, pero apenas cuenta con 13 oficiales, 7 investigadores, 4 personas para auxiliar con temas administrativos y solo dos vehículos para hacer las diligencias.  

En San Pedro Sula cuentan con 1 oficial, 4 investigadores de los cuáles 2 son aprendices y no cuentan con vehículos para movilizarse.

La ministra del Instituto Nacional de la Mujer, Doris García, quien es además prima de la presidenta Castro, reconoce que históricamente ha prevalecido impunidad en las muertes violentas en mujeres. Considera incluso, que la impunidad alcanza ya un 99% pero señala que el Poder Judicial es responsable.

La vida de las mujeres engavetada en el Congreso

Pese a que las autoridades reconocen la gravedad de las cifras de femicidios y la debilidad institucional para alcanzar justicia, los esfuerzos por encontrar soluciones han sido escasos.

La oficina de transparencia del Congreso Nacional confirma que entre los años 2010 y 2021 no se aprobó ninguna iniciativa de ley para el abordaje de las múltiples violencias contra la mujer. Esto, pese a que existen al menos 5 iniciativas para enfrentar el femicidio, el acoso y la violencia política, o que propone el establecimiento de líneas de emergencia y la creación de refugios para sobrevivientes de violencia doméstica. 

Una de las propuestas de ley estancadas en el Congreso resalta por sobre las demás y representa una esperanza real de cambio, según diferentes organizaciones que promueven los derechos de las mujeres. Se trata de la iniciativa Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres que fue presentada en el Congreso en 2015.

Ante las promesas de campaña de Xiomara Castro y la probabilidad de que fuera electa, la Plataforma 25 de Noviembre, hizo una entrega simbólica del anteproyecto de ley a Castro el 8 de marzo de 2022.

La plataforma aglutina a la mayoría de las organizaciones de mujeres y feministas, las cuales ven en la iniciativa de ley una oportunidad real de cambio. 

Para Vanessa Siliezar, abogada y directora de la organización feminista Unidad de desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (UDIMUF), se trata de “una propuesta sumamente consensuada, que aglutina a todos los sectores sin distinción de ninguna clase, una nueva ley inclusiva”.

Considera que la existente Ley Contra La Violencia Doméstica en Honduras está obsoleta. Fue creada en 1999 y reformada en 2006, pero solo contempla la violencia contra las mujeres dentro del espacio privado. No reconoce las interseccionalidades y los tipos de violencia que viven las mujeres. En cambio, la nueva iniciativa es, como lo indica su nombre, una propuesta integral.

“Reconoce, recoge y sanciona todos los tipos de violencia de que son objeto, niñas, adolescentes y mujeres y eso es lo que no tiene la ley actual contra la violencia. No abarcaba las mujeres indígenas, garífunas, lesbianas, con discapacidad, ni el fenómeno de la violencia vicaria y esta nueva Ley sí lo recoge”, dice Siliezar.

La propuesta contempla aumentar las fiscalías especializadas contra la violencia en los 18 departamentos de Honduras, capacitar a todo su personal en temas de género y que cada fiscalía trabaje de forma integral con las oficinas municipales de la mujer en los 298 municipios.

Además, establece sanciones para las y los funcionarios públicos que no cumplan con su papel en los esfuerzos de prevención, resguardo y justicia para las sobrevivientes de violencia.

Existe una ley similar en España que logró reducir la impunidad en los casos de violencia contra la mujer. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue aprobada por unanimidad en 2004. 

Ha sido aplaudida e imitada por otros países, ya que durante los 15 años de su implementación centenares de hombres han sido juzgados y sentenciados por femicidio.

Según la diputada Fátima Mena, del partido Salvador de Honduras, ahora existe un ambiente favorable para la aprobación de la iniciativa de ley en Honduras. Sin embargo, surgen las dudas sobre la prioridad que le debería dar el Congreso Nacional, en momentos en que la agenda legislativa se enfoca en la selección de una nueva Corte Suprema de Justicia.

La viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, asegura que otro factor que pone en riesgo el avance de la iniciativa está relacionado con la inclusión de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia. 

Se trata de un medicamento esencial para atender a mujeres sobrevivientes de violación sexual, pero grupos conservadores rechazan su utilización. El ministro de Salud Dr. José Manuel Matheu expresó que la “Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) estará disponible para víctimas de violación.

Honorina Rodríguez, feminista y defensora de los derechos de las mujeres, indicó que se esperaba que la nueva ley integral contra la violencia hacia las mujeres fuera presentada al Congreso Nacional el 22 de noviembre, pero no fue así. 

Hasta el momento la iniciativa de ley no ha sido remitida por parte del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Según las autoridades aún se encuentra en una etapa de discusión. 

“En un año es muy difícil ver cambios en la atención a la violencia contra las mujeres, porque hasta ahora, desde hace 15 años no logramos que todas las denuncias de violencia contra las mujeres tengan respuestas”, señala. 

Agrega que las defensoras llevan seis años socializando la iniciativa de ley, sin resultado. Ahora la esperanza queda en que, en el próximo debate del presupuesto en el Congreso, se aumentarán los fondos asignados para la investigación de femicidios, así como para la atención y respuesta a las denuncias por violencia contra las mujeres.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) es la institución facultada para el análisis de las estadísticas de los hechos violentos en el país con el propósito de dar recomendaciones para la prevención.

Según Migdonia Ayestas, directora del observatorio, las instituciones del Estado, bajo el nuevo Gobierno de Xiomara Castro, aún están en proceso de analizar el tema para desarrollar acciones y presupuestos dirigidos a detener la violencia contra las mujeres.

Ayestas considera que los sectores de salud y educación son de los más importantes para lograrlo. 

“Creo que un actor clave dentro de estas instituciones es la Secretaría de Educación, que tiene que fortalecer capacidades de los profesores, de las niñas y los niños para prevenir la violencia. Otro es la Secretaría de Salud, que, aunque es una victoria temprana, la disponibilidad de la pastilla de anticoncepción de emergencia para las niñas que han sido violadas”, afirmó.

La directora señala la expectativa que queda sobre los hombros de la presidenta Castro por sus promesas de campaña y el compromiso que asumió con las organizaciones de mujeres.

“Esperemos que se avance para todas las mujeres, que tengan acceso a atención en salud de calidad, atención psicológica, para mujeres que son víctimas de todo tipo de violencias. Son temas en los que se tiene que avanzar y abordar, en el marco de la discusión y aprobación de la nueva Ley Integral contra la violencia”, señala.

Promesas por cumplir

La aprobación de la iniciativa podría ayudar a fortalecer otras iniciativas que ya funcionan en favor de las mujeres. Como el proyecto Unidos por la Justicia que facilitará la denuncia a través de un número de emergencia, o las Oficinas Municipales de la Mujer y la Ciudad Mujer que ofrecen atención y apoyo a las mujeres sobrevivientes.

Las promesas de Xiomara Castro de reducir los femicidios y defender el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, siguen sin demostrar voluntad y resultados concretos. Para las organizaciones sociales, la gran oportunidad de dar un primer paso sigue siendo la aprobación de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres.

Las organizaciones esperan que la iniciativa sea trasladada al Congreso sin modificaciones, pero aún está por verse el resultado final de las mesas de negociación. Mientras tanto las mujeres hondureñas siguen luchando por sobrevivir en un país violento.